Cinta de Moebio: Revista de Epistemología de Ciencias Sociales

Vargas, J. 2000. La economía y la reinvención del estado mexicano. Cinta moebio 8: 218-231

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La economía y la reinvención del estado mexicano

The economy and the re-invention of Mexican state

José G. Vargas Hernández. Doctor en Administración Pública (Columbia State University), Doctor en Economía (Keele University, England), Master en Administración de Empresas (Pacific States University). Licenciado en Relaciones Comerciales, Instituto Politécnico Nacional de México. Profesor del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, México.

Abstract

For the last few years, the importance of the role of the state in formulating and implementing economic policies to achieve growth and development of society, broadly speaking, both state and society have undergone a lot of changes and transformations. In Mexico, the so called neoliberal model of state has been impossed over a former protectionist, statist and populist regimes and had achieved some impressive results in terms of economic growth and development, although this rate "falls well below the 3.4 percent GDP growth" that the World Bank considers neccesary to reduce poverty. Regarding this last issue, the largest increase has resulted of implementing the structural adjustment policies and the new social policies (Programa Nacional de Solidaridad). The results are dissapointing with the increasing of unmeployment rate, the slumping of incomes, the widening of the gap betwen the rich and the poor and thus, fissures in the Mexican society while fueling guerrilla's warfare and crime waves. In fact, at the turn of the new millennium, the debate on the model of state that not only a more globalizad and highly developed societies, but also the less developed societies, such as the case of Mexico, require, is takeing more importance. The mains issues of this discussion focus on fundamental concepts of representation, economic functions and organization of the Mexican state.

Key words: Mexican economy, Mexican State, policy making.

1. El Estado Mexicano

En los últimos años, la importancia del papel del gobierno mexicano en la formulación e implementación de políticas económicas para alcanzar el crecimiento y desarrollo social, hablando ampliamente, ha sufrido muchos cambios y transformaciones. En México, el régimen protector, estático y popular ha sido reemplazado por el tan popular modelo de Estado neoliberalista, con el cual se puede decir se han logrado resultados impresionantes en términos de crecimiento económico y desarrollo. Debe hacerse notar, sin embargo, esta tasa de crecimiento "debe estar más abajo del 3.4 porciento del crecimiento del PIB" que el Banco Mundial considera necesario para la reducción de la pobreza. Desafortunadamente, un aumento en la pobreza ha Estado entre los más pignorantes resultados de la implementación las políticas del neoliberalismo. Más allá de los frustrantes resultados, que incluyen un crecimiento en la tasa de desempleo, desplomo de las utilidades, una amplia brecha entre el rico y el pobre, que por consecuencia nos dirige hacia una fisura en la sociedad, guerrillas y olas de crimen.

De hecho, en puertas de un nuevo milenio, el debate acerca de la propiedad de un modelo de Estado particular esta tomando una mayor importancia no solo para las sociedades más globalizadas y altamente desarrolladas, sino también para los menos desarrollados. Los aspectos fundamentales de discusión se centran en la representación de conceptos fundamentales de representación, funciones económicas y organización.

De acuerdo con Moctezuma (1997), el debate se ha dirigido a tres diferentes niveles o etapas: la primera de ellas envuelve la necesidad de la reforma del Estado y el mejoramiento de la eficiencia. La segunda etapa se preocupa en sí por la modificación de las relaciones entre el Estado y problemas de naturaleza económica. Hoy en día en el nuevo siglo, el debate se ha centrado en la transformación del Estado en presencia de una sociedad más participativa.

Eventos recientes han demostrado la falla de muchas políticas económicas que han sido implementadas, en acuerdo con el modelo de bienestar del Estado, creado por los Estados después de la Segunda Guerra Mundial. Aún con la gran revolución conservativa de Margaret Tatcher en 1979, que ha reemplazado el modelo de bienestar del Estado, a través del mejoramiento de los principios capitalistas, que han sido un reto desde la firma de un oficio el 1º de mayo, 1997 por el Partido del Trabajo en Gran Bretaña.

Las reformas económicas neoliberales, también conocidas como los "consensos de Washington", ocasionan que las políticas públicas que están dirigidas hacia una disciplina fiscal rígida, privatización del sector público para minimizar y lograr presupuestos balanceados, desregulación y baja de las barreras comerciales. Algunos analistas económicos han expresado su preocupación acerca de la desestabilización en el impacto de estas reformas. Sáenz (1997) afirma que la emergencia contemporánea de inconformidades ideológicas y manifestaciones violentas en muchas partes del mundo, indican que las políticas económicas del pasado inmediato y de su potencial de proyección a futuro no generará consenso. Como dijo el Mangabeira de Harvard (Conger, 1997) recientemente en una entrevista: "La oposición de América Latina está en peligro de ser representada como un retroceso popular del pobre contra el rico". Además, otros críticos, comenta Conger (1997), "están enfocando su atención y energía en la discusión de las reformas que han producido un alto desempleo y un marcado declive en el promedio de vida de la mayoría de los Latino Americanos".

El modelo del Estado que emerge de la revolución conservativa, en Gran Bretaña, podría definirse por las nuevas políticas económicas que prometieron "desenmascarar los mitos de la prosperidad que los teólogos divulgaron y que no coinciden con la realidad" (Tello, 1997). De acuerdo con Semo (1997), Blair habla constantemente de diferencias trascendentes entre la izquierda y derecha por mantener viejas lealtades más allá de las oportunidades necesarias para nuestra época. De este modo, el gran reto de los laboristas será el como manejar el proceso de la reforma económica iniciada y propuesta por los conservadores y al mismo tiempo satisfacer las promesas populares que hicieron un electorado tedioso de dos décadas de ajustes. Algunos analistas ven el nacimiento de nuevas políticas que dominarán el Siglo 21.

Hasta ahora, el modelo de Estado neoliberal parecía ser el único camino, con privatización, desregulación, una disciplina fiscal rígida y reducido drásticamente los beneficios sociales e impuestos, una fórmula que "prometió una masa de austeridad y un poco más durante poco tiempo" (Kuttner, 1997). No obstante, las recientes elecciones de gobierno de la izquierda – central en Gran Bretaña y Francia, han demostrado que el "Tatcherismo no es el único patrón para la reforma estructural" y que una nueva estrategia y modelo de Estado pueden emerger donde "el crecimiento y la creación de empleos es posible" y "una política menos austera desahogaría la tarea de una reforma estructural" (Almeyra, 1997b). El regreso de una política social en Gran Bretaña debilita la alianza entre los sucesores legales de Thatcher y Washington. Almeyra denota (1997b) que son necesarias varias consideraciones para mantener una política militar agresiva, estas incluyen, disciplina social, gastos en alta milicia y una política insensible, políticas que el gobierno democrático social no puede afrontar sin tener en cuenta serios problemas.

También, los recientes eventos políticos en Francia, del bloque formado por la izquierda – central que dominó la Asamblea Nacional sobre la derecha – central, formando un gobierno que mantiene el "Nacionalismo de Chirac" que forza a una cohabitación institucional con la fuerza de una política social. El Primer Ministro Francés Lionel de el Partido Socialista de Jospin se llevó la victoria en Junio, reportó Edmonson (1997), prometiendo a los votantes que crearía nuevos empleos, abatería las barreras a la privatización, mantendría las fábricas abiertas, y reduciría la semana laboral. Aún con esto, el bienestar del Estado sigue intacto en Francia y los Franceses han sentido relativamente muy poco dolor de la globalización tal y como Javetski y Edmondson (1997) dijeron.

Este escenario es en gran parte debido a la creencia "que la humanidad ha sido despojada de su dignidad por las demandas de la economía global" (Forrester, 1997). Javetski y Edmonson (1997), analistas de la revista Business Week, sostienen que si los socialistas mantienen su agenda, incrementarán la intervención del gobierno en la economía, al demorar la privatización, reforzar el bienestar del Estado y fortalecer las reglas del mercado laboral que ahora son demasiado rígidas. Estos intentos, de cualquier manera, durarán tanto como las políticas de Maastricht se aclaren en Bruselas dentro de los parlamentos nacionales, que han vetado parte de las decisiones soberanas y democráticas hechas por los gobiernos en el poder y que imponen restricciones que pondrían fin a las políticas sociales.

Este proceso político puede ser muy contagioso en Europa donde los vientos del sur soplan sobre Portugal, España, Grecia, Bélgica, etc., han empezado a descongelar parcialmente el panorama sociopolítico de Europa formado durante la Era Glacial de Thatcher - Reagan. Australia, Holanda y Suiza con gobiernos descentralizados de izquierda, han demostrado que "...las instituciones sociales no deben ser hechas a un lado completamente pero si hacerlas más competitivas" (Kutter, 1997). Debido a esto es posible que el retroceso pudiera repercutir alrededor de esos países en Europa donde los Domócratas Sociales están en el poder y pudieran actuar militarmente en contra de la reforma económica, como Javetski y Edmonson (1997) predijeron.

Como una fuerza externa, es evidente que el proceso de globalización revela una división ideológica profunda. Aquellos que insisten en que el capital internacional es el único marco de referencia posible y que no puede reconciliar su posición con aquellos que se niegan a aceptar que la regla del capital internacional es inevitable (Almeyra 1997, a,b). El reto principal que antecede entonces, es el como convencer a los votantes de la necesidad de enfrentar la globalización económica.

La transformación del Estado de un modelo a otro no siempre ocurre de una manera ordenada y serena. Los Estados que han empezado su proceso tempranamente aparentemente alcanzaron y consumado ciertas metas. El caso de Gran Bretaña, sin embargo, contradicen el descubrimiento de teorías de elección pública que una vez fueron aceptadas y que ahora están siendo revisadas. También es interesante hacer notar los ricos procesos que ocurren en Francia, donde parece haber una reafirmación de la sociedad civil sin desarrollo identificado con alguna unión o partido político.

Una mirada a los desarrollos cerca de casa revelan la presencia de grandes dificultades. Quince años después el Gobierno Mexicano inició las reformas económicas orientadas hacia el fortalecimiento del mercado económico, el cual enfrenta tremendos desafíos. La tendencia a revisar la misión del Estado en México se está dando así como ha ocurrido en todas partes. El patrón de cambios políticos recientes muestra que el Estado esta atravesando un proceso de transición. Dentro de la maquinaria de la política burocrática y el equipo partidista muchos conflictos no han sido resueltos. De hecho, las elecciones de Julio de 1997 mostraron un proceso democrático de transformación política sin precedentes, el cual tendrá importantes efectos en su momento en la formulación e implementación de políticas económicas y sociales.

Además de las reformas económicas en México que han sobrepasado las expectativas, la oportunidad de una reforma política ha sido limitada y ha tenido como resultado la aceptación de la fuerzas del libre mercado por una parte, y un régimen autoritario que mantiene los tres pilares fundamentales del Estado Mexicano, presidencialismo, centralismo y corporativismo, por otra parte. La legitimidad del Estado Mexicano ha disminuido considerablemente en los últimos años, dejando de lado el crecimiento débil y errático de las organizaciones sociales, y un aumento de los roles de los partidos políticos y la sociedad civil. Esto puede ser atribuido al proceso de reestructuración económica que el Gobierno Mexicano ha emprendido el cual ha debilitado el Estado y arruinado el mecanismo fundamental de legitimación. Esto es, hay un sentido urgente de restablecimiento y equilibrio entre la política económica y la reforma política del Estado Mexicano.

1.1. Dos Concepciones del Estado Mexicano

Hay dos concepciones políticas y económicas del Estado Mexicano, de acuerdo con Labastida (1997): la concepción revolucionaria y la concepción autoritaria presidencial.

La concepción revolucionaria del Estado Mexicano, designada después de la Revolución Mexicana de 1910 – 17, proclamada en la Constitución Federal de 1917 como una república popular, soberana, representativa, con un gobierno presidencial limitado por los poderes legislativo y judicial. Sus funciones incluyen lo siguiente: respetar las libertades humanas; establecer y mantener las relaciones internacionales, fomentar condiciones que hagan posible la justicia social económica y cultural; y garantizar la protección humana y familiar a través del desarrollo material sustentados en los más grandes ideales de la sociedad. Esta fue una concepción del Estado basada en las realidades de los trabajadores, campesinos, la clase media y empresarios nacionales.

Esta conceptualización del Estado Mexicano abriga la mayor culpa de los problemas que inundan nuestra sociedad. Pobreza, subdesarrollo, falta de crecimiento económico, y desempleo, etc, son los vestigios del bienestar del Estado. Como cualquier Estado moderno, fue el mejor instrumento de expansión capitalista. Pero ya no es el caso. Hoy en día, el Estado Mexicano es el obstáculo más grande y fuerte para el libre movimiento del capital, bienes y servicios, y la necesidad de una estrategia de globalización económica. El Estado estará en el principal reto del capitalismo.

La otra concepción del Estado Mexicano fue forjada durante los pasados 30 años, de acuerdo con Labastida (1997), supone una violación del Estado constitucional para edificar un Estado de presidencialismo de hechos o autoritario. La característica principal de esta concepción fue la separación del gobierno de la gente. En otras palabras, una transformación del gobierno en un operador político de las clases dominantes más comunes, restantes relativamente locales de la administración de López Portillo y De la Madrid y el desarrollo inicial de una orientación hacia el exterior en 1988 con el impulso de Salinas. A través de esta ilegalidad e ilegitimidad presidencial autoritaria condujo al fallecimiento de cualquier fundamento ético para el Estado. Como consecuencia la corrupción pública y privada se volvió desenfrenada, las estructuras corporales y la jerarquía burocrática dependiente casi totalmente del titular del poder ejecutivo se volvieron hacia la primera fase del autoritarismo presidencial, el también llamado periodo de "desarrollo estabilizador", la economía Mexicana había ganado una impresionante tasa de crecimiento. Sin embargo, era desigual y amplia la brecha entre el rico y el pobre, ambos en un nivel individual y regional. El gobierno fue llevado a cabo a través de un sistema político autoritario y represivo como lo demostró el caso del movimiento estudiantil de 1968.

Macías (1997) dice que la subordinación económica al capital extranjero comenzó durante el periodo de "desarrollo estabilizador" (1940 – 1970). Esto ocasionó el desarrollo desigual y la marginación de las regiones más grandes del sur de México donde se dio el incremento de la pobreza y la emigración. La tierra y recursos de la nación fueron transferidos de actividades de agricultura, pesca, silvicultura y minería en las comunidades del Sur, por subsidios a proyectos de industrialización en las regiones del centro, norte, noreste y noroeste del país. El tan llamado "milagro Mexicano" fue caracterizado por regiones que tuvieron extrema pobreza a lo largo de las áreas mejor desarrolladas.

Durante los setentas un tipo de intervencionismo del Estado continuó las políticas proteccionistas en un contexto de economía cerrada, distinta de los principios del libre mercado y generando serias distorciones. En los ochentas, las fuerzas de la globalización condujeron a una alteración en las estrategias del desarrollo económico de México. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) impusieron el desarrollo y políticas monetarias ampliamente basadas en el libre mercado. La intervención del Estado fue considerada como la causa principal de las disfunciones económica, social y política en México.

Durante la primera fase el Estado Mexicano fue identificado como autoritario y corporativista de acuerdo al modelo Keynesiano socialista y distributivo. El fracaso del modelo económico corporativista, precipitó la necesidad de nuevas reglas políticas, no solo para guiar las actividades del Estado, sino también para las actividades de partidos políticos. Lewis (1997) afirma que la adherencia tradicional al nacionalismo, proteccionismo económico, y el régimen de un solo partido, dieron la pauta a políticas que rensamblaron más de cerca aquellas vistas en democracias liberales.

La crisis económica de México en 1982 demostró que la estructura económica tenía serios problemas. Estos problemas condujeron al agotamiento del desarrollo del modelo basado en la sustitución de importaciones y en la orientación hacia políticas monetarias y fiscales para el gasto público. Tales políticas tuvieron como resultado una incursión en grandes deudas para mantener la intervención pública a gran escala, una baja tasa de productividad, una distribución alta de las utilidades, una concentración en desigualdades, agravación de la pobreza extrema, y rezago estructural en la economía. La pobre distribución del desarrollo económico permanece como una de la mayores fuentes de problemas sociales y de inestabilidad política. La prolongada crisis económica de los últimos 15 años ha ocasionado no solo cambios económicos, pero subraya la necesidad de una transición política y democrática. Lo que queda de la crisis económica ha precipitado la necesidad de una amplia reforma política que aún tiene que ser contestada.

Bajo la segunda fase del autoritarismo presidencial, un nuevo modelo del Estado Mexicano, identificado como neoliberal, emergió después de la crisis económica de 1982. "Basada en la integración global de la economía y un gobierno a baja escala" (Banamex – Accival, 1997), el modelo prometía rescatar a México de estar al borde de la ruina económica y política. La suposición era que el mercado era el mejor regulador de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Con este nuevo modelo del Estado Mexicano, la aparición de elites neoliberales para dominar los más altos grados del aparato político. El modelo neoliberal no solamente debilita la autonomía política del Estado; también disminuye la capacidad del Estado para formular las políticas sociales. La adopción de la economía neoliberal ha conducido a una ideología dinámica. Tales como, la estructura del Estado y funciones que se han transformado, permitiendo mayor asunción de responsabilidades para el sector privado.

Los cambios estructurales más importantes experimentados por el Estado Mexicano estaban ligados a políticas económicas congruentes con el nuevo ambiente global. Algunos de estos cambios incluían la restructuración de plantas productivas, privatización del ejido (propiedad comunal), mejoramiento de las finanzas públicas, modernización de la educación, privatización de las empresas del Estado, negociación de la deuda externa, desregulación de la economía, liberación comercial y financiera y mayores inversiones extrajeras. Las metas de tales cambios eran la modernización económica, creación de riqueza e incrementar el bienestar. De acuerdo con Conger (1997), el modelo ha logrado resultados "impresionantes". Destaca que las industrias controladas por el gobierno han sido privatizadas, las inversiones extranjeras se han incrementado dramáticamente, la burocracia se ha reducido en tamaño, y las reformas democráticas han sido iniciadas.

El desmantelamiento del bienestar del Estado Mexicano ha sido acompañado por un debilitamiento de las estructuras sociales y políticas. Esto ha sido especialmente problemático debido a la dinámica interna del Estado que aún no es compatible con la ortodoxia neoliberal, esto es, el modelo neoliberal depende de una forma de individualización entre organizaciones sociales y productivas. Sin embargo, México no ha abandonado las estructuras neocorporativas. Hasta que el modelo del Estado neoliberal tome una postura paradójica completa dentro del Estado Mexicano. Esto ha resultado en una combinación de las ideologías neoliberales y conservativas con una orientación altamente pragmática.

De acuerdo con Arias, esto es, las políticas monetarias económicas han fundamentado la creación de un modelo dominante político y social basado en la acumulación del capital y las reglas del capital financiero. Como destaca Banamex – Accival (1997): "El proceso de globalización que actualmente sacude el mundo solo agrava la dependencia y vulnerabilidad, al dividir el mundo en países productores y consumidores". Pero también, el mismo proceso está inquietando a la sociedad Mexicana. Conger (1997) contiende que el desarrollo económico está caracterizado por "la caída de las economías en centros financieros e industriales y el mejoramiento de las aguas estancadas en el campo". El presidente mexicano Zedillo ha acordado que "hay una penosa dualidad ente la orientación a la exportación basada en el dólar y la economía basada en pesos".

De manera que este nuevo ambiente financiero se establece y el movimiento libre del capital financiero incrementa la interdependencia de Estados dentro del sistema global aumenta en consecuencia. México se ha involucrado en este proceso en los años pasados. La entrada de capitales extranjeros ha requerido el desarrollo de incentivos que no han sido acompañados por la confianza de los inversionistas y prosperidad general debido al "pobre manejo económico y la corrupción del gobierno" (Banamex – Accival, 1997).

El modelo económico "fundamentalista" impuesto en México se base en la promesa o expectativa de que los mercados nacionales e internacionales resolverán los problemas del lento crecimiento y desempleo estructural. Sáenz (1997) nota, sin embargo, el modelo esta débilmente equipado para asegurar el desarrollo integral de las metas fijadas.

Las políticas económicas implementadas desde 1982, si bien han sacrificado la meta sustancial del crecimiento económico, sin embargo ha logrado una reducción considerable en la tasa de inflación (reducción en precios de bienes y servicios). En 1994, cuando México ratificó el Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCNA), la política nacional de autosuficiencia había sido completamente abandonada. Es importante destacar que las distorsiones económicas estaban presentes ya en ese momento, esto es, no más de 800 empresas mexicanas estaban exportando y la concentración de las exportaciones de las cinco firmas eran el 20% del valor de exportación total. Mientras tanto, los mexicanos inexpertos en extrema pobreza llegaban aproximadamente a los 40 millones, de acuerdo con un análisis llevado a cabo por Kerber (1997). Por lo tanto, aunque las exportaciones mexicanas hubieran crecido en una tasa anual del 20%, el 80% de la población "las labores en estancamiento, la economía doméstica llevaba a casa una renta más pequeña per capita, en dólares constantes, que en 1980" dice Conger (1997).

La liberación del mercado acarreó la entrada indiscriminada de productos y una competencia desleal dirigida al desfallecimiento del sector manufacturero y a la perdida de trabajos evidentes en el aumento de la tasa de desempleo. Sin embargo, la discrepancia entre la tasa de inflación en México y la de su socio principal, los E.E.U.U., como se reflejó en el balance del tratado presagió la venida de una profunda crisis económica que tuvo lugar en 1994 y continuó de allí en adelante.

La crisis moral, política y económica del Estado mexicano, que puede remontarse a los sesentas ha tenido sus puntos culminantes en 1982 y 1994, demostrando que la estructura económica y el rol del Estado necesitaban una redefinición urgente. Como reconoce Macías (1997), México está experimentando una crisis de valores en sus políticas económicas y en el diario ejercicio de las funciones públicas. Las alianzas de cooperación entre los ciudadanos y grupos de interés especial son obstaculizados por valores en conflicto y poderes asimétricos cara a cara del Estado. Esta crisis no solo es el resultado de más de 50 años de centralismo presidencial y toma de decisiones unipolares que han llevado a un monopolio sobre el poder que también es producto de practicas electorales fraudulentas. La corrupción, que corre a través de la jerarquía gubernamental hasta llegar al centro, también ha tenido un papel importante en esta crisis.

La debilidad estructural y la vulnerabilidad de la economía mexicana se volvieron realmente evidentes en 1995. Muchas de las medidas políticas que han sido adoptadas para remediar la crisis han causado perdidas de "millones de trabajos y fuentes de ingresos". Han tenido como resultado un alto costo político y social causando distorsiones mayores y huida de las esperanzas de un crecimiento balanceado y crecimiento. Los problemas parecen haber ocurrido por la alta prioridad dada a las dramáticas reformas económicas como oposición al gran cambio político y social.

Sobre todo, la política económica del Estado mexicano de las últimas décadas, como fue denotado por Cordera y Orive (1995), ha Estado caracterizado por un sistema artificial de producción que ha dejado de lado las fuerzas capitalistas y sometidas a los caprichos de los propietarios del capital financiero. De hecho, los grupos financieros nacionales y extranjeros han sabido manipular las masas medias para mantener el control social sobre la economía del mercado.

Debido a estos cambios, el equilibrio posrevolucionario económico, político y social se ha desfallecido y un nuevo orden necesita ser establecido. Hasta ahora, el modelo de desarrollo económico implementado en México ha tenido como resultado un superávit fiscal y un déficit social. Las políticas neoliberales adoptadas por México sugeridas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no han tenido mucho éxito en los últimos años. Algunos críticos, como Banamex – Accival (1997) reconocen: "los últimos tres regímenes han desmantelado el papel promocional del Estado, terminado los recursos nacionales, destruido una parte importante de la soberanía, y destruido nuestra mezcla de economía, incluyendo el sector social".

El sometimiento a las exigencias del capital extranjero significa una falta de atención al déficit social interno. Sin una maniobra política apropiada y comprensiva para alterar el curso del futuro de México la economía parece estar destinada a declinar. Aún el Partido Revolucionario Institucional reconoce en su plataforma económica, que no importa que tan esencial sea la consolidación económica, no puede darse abasto con el costo social del desarrollo (Banamex – Accival, 1997).

Mientras tanto, no todos han resultado perdedores dentro de la crisis económica de México. Un viejo dicho mexicano afirma que "un río turbulento significa ganancias para el pescador". De la Torre (1996) argumenta que durante los ochentas, los cambios económicos, políticos y sociales en México, impulsaron una nueva élite que usó las políticas neoliberales y pragmáticas para responder a las oportunidades ofrecidas durante la fase de crisis y enriquecerse. A mediados de los ochentas, dice Meyer (1996) y Centeno (1994), un nuevo grupo de tecnócratas firmemente estableció el poder en el pináculo de la pirámide de autoridad hasta llegar a la presidencia. Su meta primordial al hacer esto era la implementación de un proyecto elaborado para construir un sistema económico en un tiempo récord. Una recuperación en el PIB alentaría la viabilidad de una guía del sistema autoritario para mantener el poder en un círculo pequeño de tecnócratas resguardados en la oficina del presidente.

El sistema presidencialista desenfrenado, mientras tanto, viola sus propios mandatos (Meyer, 1996). México tiene un sistema presidencial fuerte debido a su histórica dominación por líderes autocráticos desde los emperadores del Tlatoani Azteca precolombino. Tal sistema es lo más evidente hoy en día. La élite que tomó el poder utilizó al Partido Revolucionario Institucional para consolidar su poder económico e influencia. Y también los tecnócratas han reformulado varios de los artículos de la Constitución para incorporar una filosofía de liberalismo social para mantener la legalidad y legitimar el sistema que aún no es aceptado por un amplio sector de la población y en el cual está basado sobre un soporte débil. Muchos mexicanos están presionando a los tecnócratas para que salgan del programa económico neoliberal. Esto parece ser una tarea difícil mientras que los objetivos macroeconómicos principales incluyan un programa anti-iflacionario, estabilización de la moneda y un gasto balanceado del presupuesto público.

De este modo, hay una discrepancia mayor entre la práctica gubernamental y las propuestas neoliberales y más especificamente entre el sistema político autoritario de México y el derecho fundamental expuesto por los neoliberales a elegir un gobierno de manera democrática. Meyer (1996) afirma que los cambios en los papeles del Estado en la economía disuelven la vieja capacidad de un liderazgo político y al mismo tiempo debilitan el poder de un proceso electoral sin oposición del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Las elecciones de 1997, mientras tanto, marcaron el final del regimiento del PRI después de 68 años. El sistema presidencialista también ha sido restringido a través de elecciones democráticas de gobernadores y legisladores de la oposición. Mientras tanto la pluralidad de los intereses se ha multiplicado exponencialmente y ha habido respuesta por parte del gobierno.

El Estado mexicano está actualmente en una fase de transición. Algunos analistas contendieron que los efectos contradictorios de los recientes cambios económicos, políticos y sociales en México están dirigidos al Tratado de Libre Comercio de Norte América y que debería haber renegociaciones para poder afrontar problemas de pobreza, polarización social y conflictos potenciales en el futuro. El camino hacia el desarrollo económico en México, mientras tanto, no puede divorciarse del poder sustancial y la disparidad en riquezas o bien llevar a cabo el aislamiento de los logros del gobierno y los derechos humanos.

2. Un Sistema Económico Corrompido

A pesar de que hay algunas definiciones contraproductivas y usos del término "neoliberal", (De la Torre, 1996), la mayoría de ellos se adhieren a una definición filosófica, política o económica que enfatiza el individualismo, la libertad humana y derechos y la conducción de la economía por el sistema de mercado. Friederic von Hayek y Robert Nozick son dos exponentes y defensores de la libertad individual y de los derechos humanos. Hayek, argumenta Sérieyx (1994), es el intérprete de la integración del liberalismo quien ha declarado que una buena sociedad es aquella que permite a cada individuo realizar sus propios proyectos sin ninguna fricción mayor con otros individuos, y así, no hay ningún objetivo al respecto y con un nombre en común del cual pueda decirse que es para cada uno.

Desde otro punto de vista, el neoliberalismo o liberalismo avant gard consiste en el traslado del dominio, en una cesión de derechos, en un cambio de los líderes en el poder, dice Alvarez (1997). El Estado decide renunciar a la titularidad del poder económico para ser designado a la sociedad civil que está en mejores condiciones para ejercerlo. En este sentido, es la sociedad civil y la participación social las que juegan los papeles más importantes en el proceso de modernización de las estructuras económicas y políticas. Sin embargo, el poder político que mantiene el Estado mexicano no ha renunciado a perder el control sobre este proceso y en lugar de contribuir a fortificar la sociedad civil, parece que su consigna es fortificarse él mismo a través del debilitamiento del modelo corporativista de la organización social. La mayoría de las políticas sociales y políticas del Estado mexicano están dirigidas hacia el debilitamiento y la total destrucción de cualquier tipo vertical, autoritario y corporativo excluyente de la organización social.

El término neoliberalismo es usado aquí para señalar la preferencia de un sistema socioeconómico que marca el camino de toda la economía. El núcleo del neoliberalismo en ambos papeles, como un proyecto económico y social, es el mercado, entendiendo como mercado, de acuerdo a la conceptualización de Piazza (1997) como el lugar donde convergen todas las posibilidades humanas en forma de productos o en producción potencial -proveer los servicios expresados como una capacidad diversa de trabajo-; en definitiva, el lugar de encuentro e intercambio entre oferta y demanda, aunque este lugar puede ser interpretado como una construcción social o como un resultado natural.

Una visión de los poderes públicos y privados y de este modo del Estado, está relacionada con el modelo económico sustentado por los neoliberales, bajo dos premisas fundamentales, una de carácter físico – mecánico y la otra de orden moral, según Alvarez (1997). El Estado es ineficiente, improductivo, desleal y corrupto mientras que la sociedad civil es vigorosa y bien intencionada. Así que, una sociedad civil regida por las leyes del mercado está más capacitada para contribuir al bienestar social. Bajo la acción de leyes naturales y mecanismos como la "mano invisible", la acción del mercado nos dirigirá hacia el bien común y el bienestar de los individuos, aún cuando algunos elementos del Darwinismo social hayan sido readaptados a la teoría socioeconómica, implicando cambios sustanciales los cuales han aparecido donde los individuos luchan entre sí por sobrevivir, un argumento que está en contra de la igualdad en utilidades y la distribución de la riqueza y la justicia social.

Considerando el libre mercado como la institución perfecta y legítima de una sociedad abierta ha corrido el peligro de transformar el Estado en uno totalitario. Popper mostró que las ideologías totalitarias tienen como elemento en común que se erigen ellas mismas como la fuente de la verdad suprema, la cual no puede ser alcanzada por la humanidad y por lo tanto necesita ser impuesta sobre la sociedad. Las ideas totalitarias buscan deliberadamente la destrucción de una sociedad abierta mientras que el peligro de ser destruidas esté ahí donde la sociedad abierta esta expuesta a las políticas de laissez faire.

Los neoliberales se manejan en una estrategia de dos caminos: por una parte, destruyen las actividades de la sociedad y por otra, destruyen las funciones tradicionales del Estado, y asignan nuevos papeles bajo los principios de la libertad democrática y políticas de relaciones de libre mercado... como si fuera otra empresa privada. Toda esta destrucción es hecha en el nombre de un Estado más astuto y la privatización de sus funciones, pero el Estado no desaparece o disminuye y lo que realmente quiere, argumenta López (1996), es imponer un Estado distinto capaz de destruir la capacidad de la sociedad civil para ejercitar la resistencia y oposición en frente de las políticas del Estado, inspirado en una política de mercado total, la cual responde a los intereses de la globalización y permite la instauración de un "Nuevo Orden Internacional", donde descansa la seguridad colectiva sobre la aceptación general de principios de libre mercado.

Desde esta perspectiva, López (1996) comenta que es el mismo Estado mexicano quien asume la ideología anti – Estado promovida por el gobierno, empresarios, banqueros y entidades del modelo neoliberal quienes asignan un papel activo al Estado como propulsor de sus propias reducciones para permitir un protagonismo principal al sector privado de la economía de tal manera que no compitan entre ellos por los recursos financieros. Pero al mismo tiempo, sobre el surgimiento de la oposición de la caída del equilibrio social y el consenso requiere que el Estado mexicano sea lo más fuerte posible para ejecutar sus funciones dentro del modelo económico y garantizar el equilibrio macroeconómico. Esto hace al neoliberalismo una utopía incierta como lo ha sido la utopía comunista.

Hasta ahora, es muy cuestionable la aparente autonomía ganada del Estado mexicano, como el resultado de la implementación de una ideología neoliberal auspiciada por la universalidad de los principios del libre mercado. Viendo este punto, Meyer (1996) asume que el fortalecimiento de los derechos económicos deben ser balanceados por la creación de derechos positivos; esto es, por los derechos sociales que expresen la voluntad general de luchar en contra la inequidad y una conducta para resolver una gama más completa de metas políticas socioeconómicas. Meyer asume que esto es engañoso, porque no está completo, la tesis que los individuos siempre deben predecir es acerca de las sociedades y la solución a sus problemas que siempre se da por la magia del mercado.

La doctrina dominante en nuestra sociedad, de acuerdo con Soros (1997), es la fe en esta magia del mercado. La doctrina del capitalismo liberal afirma que nada sirve mejor al bien común que el perseguir los intereses personales egoístas. Sin embargo, el afirma que una sociedad abierta basada en una ideología fuerte que haga énfasis en el individualismo, puede ser amenazada por una competencia excesiva y falta de cooperación entre los individuos. En el nivel de Estado, la combinación de las ideologías liberales tales como el Darwinismo social y reales geopolíticos han resultado en insuficiencias manifestadas en la falta de reconocimiento de un interés común más allá de los intereses nacionales, esto es, los Estados no tienen principios, solo intereses.

Soros es un incrédulo de acuerdo con Bendeski (1997) cuando dice que la intensificación del capitalismo laissez faire y la extensión de los valores del mercado a todas las áreas de la vida están expuestos al peligro de la sociedad democrática y abierta. El mercado es un mecanismo más efectivo para la distribución de recursos que la intervención del Estado, así mismo esto no significa que no es necesaria la intervención gubernamental para reasignar recursos o mantener la estabilidad en el mercado. De este modo, el principal enemigo de una sociedad abierta es el mismo capitalismo. De tal modo que, la sociedad abierta tiene sus propias imperfecciones que residen, de acuerdo a él, en la falta de valores compartidos.

De esta manera, lo que es el centro de el debate en el diseño del Estado actual, son la formulación e implementación de una economía neoliberal y políticas sociales, las cuales tienen la tendencia a regresar al viejo Estado nacional, basado en la tutela de los derechos sociales y el bienestar de las políticas, en Estados subordinados a los centros del poder financiero internacional y funcionales a las nuevas políticas que tienden a reducir al ser humano en función a los centros económicos de grandes corporaciones, como sostiene Garrido en Chomsky y Dieterechich (1996).

No obstante, algunos investigadores están de acuerdo (De la Torre, 1996) en que lo que va a prevalecer en el futuro cercano en México es el declinamiento de las criticas al neoliberalismo y no el final de lo que se supone ser éste. El argumento es que el neoliberalismo en términos de lo que se ha expuesto, más allá de ir a las últimas consecuencias con el análisis de las decisiones económicas hechas durante los últimos años, resultado de una utilidad limitada y en los momentos contraproducentes, para la evaluación de la política económica de la administración actual y pasada. Obviamente, estos investigadores apuestan a la continuación del diseño del Estado mexicano neoliberal.

Para sustentar el escenario de la continuidad del modelo neoliberal, algunos analistas (El Nacional, 9 de Febrero de 1994) indican que las políticas económicas adoptadas por el Estado requieren que el equipo económico debe ser complementario y coherente, y satisfactorio en la creación de una coalición política para endosar la reforma de tal manera que esto dure el tiempo necesario para producir resultados positivos y mantenerse por ellos mismos... es evidente que la adopción de un programa audaz de reforma económica acarrea cierto grado de riesgo político. Un ajuste económico exitoso no siempre es paralelo en la política. Ni siquiera es verdad que la reforma de la política económica es de un gobierno consustancial a ultra conservativo, porque una amplia gama de regímenes políticos (ya sea de derecha o izquierda) han mostrado su capacidad para llegar a finales felices en el proceso de reforma.

3. La Necesidad de Cambiar el Modelo de Desarrollo en México

Hay una percepción política compartida de la transición del Estado mexicano, como ha sido llamado por Huntignton como la "tercera ola", ha empezado con la reforma política a mediados de los setentas y reimpulzado con la reforma económica instrumentada después de la crisis de 1982 y las elecciones presidenciales de 1988. Esta transición del Estado mexicano, envuelve un proceso económico y político que se ha propuesto abandonar el régimen autoritario a través del desmantelamiento de los pilares principales de su sustentabilidad, presidencialismo, un partido político hegemónico y una sociedad controlada por el corporativismo.

Hasta ahora, lo que puede concluirse es que en México como un Estado en transición, ha sido solo una visión parcial y pragmática de lo que debería ser un proyecto de la nación y el papel del Estado en la economía durante las dos últimas administraciones. Ayau Cordon (1997) afirma que el simple ejercicio de intentar definir la visión de la nación, de normas de aplicación general y la excepción a las normas podría servir para evitar la continua improvisación; para ilustrar la magnitud de la tarea y revelar nuestra propia inconsistencia y limitaciones, el agrega, debería ser un acto de humildad.

Los tecnócratas tomaron ventaja del aumento del Neoliberalismo pero hoy en día, las discrepancias de estos resultados entre los partidos políticos son menores que en el pasado, según el análisis de Banames-Accival (1996) reconoce que los partidos están buscando autoridades más eficientes, antes que cualquier cambio sustancial en la escala de su intervención económica. Un artículo más reciente de Acosta y Ortega (1997) concluye que en materia económica no hay ninguna alternativa en los tres partidos políticos principales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), los cuales tienen un esquema económico y objetivos muy similares y las diferencias son solo en el énfasis. De hecho, también analistas extranjeros, como Pearson (1997), concluye que la mayoría de las plataformas de los partidos reflejan la amplia creencia de que México tiene pocas opciones excepto para perseguir las políticas del libre mercado.

Los tres principales partidos políticos tienen las mismas propuestas sobre una política económica más justa y equitativa basada en el conocimiento del papel relevante del mercado, combatir la extrema pobreza, una mejor distribución de la riqueza, rechazando un Estado gordo y absorbente, acepta la necesidad de inversiones extranjeras, esbozando más fiscalizaciones y vigilancia en el gasto público con menos intimidación de autoridades fiscales y mayor promoción de actividades económicas, rechazando la especulación financiera, fijando metas para lograr una tasa de inflación más baja, tasas de interés más bajas y una tasa estable de intercambio.

Algunos puntos importantes en los que concuerdan los tres partidos, son la aceptación del Tratado de Libre Comercio de Norte América; defensa, apoyo y estimulación de la iniciativa privada doméstica, y la aceptación de inversiones extranjeras como un complemento del ahorro doméstico. Si bien el PRI y El PAN tienen la misma tesis y están de acuerdo en la privatización, el PRD lo critica diciendo que ha favorecido a un pequeño grupo de inversionistas. También, en la reducción del gasto público, donde el PRI y el PAN concuerdan, el PRD propone que se incremente como una palanca para promover el desarrollo y presionará para el aumento en el gasto del presupuesto público y el salario mínimo. Los tres partidos concuerdan en una supervisión cercana del ejercicio de gastos y rechazan la actual política fiscal, pero el Partido Acción Nacional (PAN) tratará de frenar el favoritismo político en gastos. Los propósitos en común del PRD y el PAN son una política monetaria de verdadera autonomía de el Banco de México, el fortalecimiento del desarrollo de los bancos, y ambos están en contra de practicas especuladoras de los bancos comerciales.

El Partido Acción Nacional (PAN) enfatiza que la reforma del Estado implica el incremento de su eficiencia y no necesariamente minimizarla, aunque tradicionalmente, el Estado ha activado la economía con cargos completos y reales, ahora debería buscar el dejar estas responsabilidades al sector privado. Similarmente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de acuerdo con su plataforma económica, ha dicho que no hay ningún tamaño de gobierno óptimo o un porcentaje del gasto del PIB y apoya la existencia de la privatización, mientras que el mismo reporte de Banamex-Accival (1996), acuerda que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) señala la necesidad de la participación pública en forma estratégica, prioritaria, y/o en áreas de fuentes naturales. Esto implica el conocimiento del papel reducido del gobierno y no propone ni la nacionalización de las reservas de envestidas previas. Solo quiere evitarlas en el futuro y de hecho explica que su plataforma solo incrementaría marginalmente la participación del PIB en el gasto público.

Sin embargo, el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), López Obrador ha dicho que eventualmente la oposición ganará el Congreso al Partido Revolucionario Institucional en las siguientes elecciones, los miembros elegidos para el Congreso no van a desestabilizar el país y abunda "Por supuesto que vamos a usar la fuerza del PRD en la Cámara del Congreso para la negociación política; nos corresponde tomar los lados filosos de la política neoliberal, pero no estamos hablando de un cambio radical. Nuestro programa tiene como propósito la creación de empleos, para parar la caída del poder adquisitivo del dinero y empezar gradualmente su recuperación, y garantizar los derechos de los mexicanos a la salud y la educación. Todo esto junto con la reactivación de las actividades productivas y un plan de austeridad del tope hasta el fondo y un combate frontal y profundo a la corrupción" (Albarrán de Alba, 1997).

Un análisis de los recientes eventos en la transición del Estado nos puede conducir al entendimiento y la tendencia hacia el rechazo del diseño Neoliberal de políticas públicas. Han sido los casos de las elecciones democráticas donde el Partido del Trabajo ganó en Inglaterra y el cambio a la izquierda en Francia donde la Asamblea Nacional, con una orientación derecha – central, está cohabitando institucionalmente con un gobierno orientado también de derecha – central.

Debajo de esta transición, se enfatiza en la justicia social diseñando políticas públicas. Como dice Blair "La Justicia Social, es la posibilidad de hacer participar a todos en una sociedad justa, es un complemento de la eficiencia económica, no su enemiga. No tenemos que escoger entre una sociedad menos dividida y una sociedad más productiva. Podemos y debemos buscar ambas...ninguna sociedad puede prosperar económica y socialmente a menos que todos sus miembros prosperen, a menos que nosotros usemos los talentos y energías de toda la gente en vez de unos cuantos, a menos que vivamos en lo más alto de la ambición para crear una sociedad en la que la comunidad viva por el bienestar de cada individuo y cada trabajo individual por el bien de todos". Concluye Semo, (1997), que en Inglaterra la extrema Neoliberal Maltusiana que conquistó las mentes y los votos está llegando a su fin. No un fin abrupto, pero si gris, lento y dudoso, pero al fin y al cabo, el final.

Aún ahí hay consecuencias de estos eventos las cuales afectaran en un futuro cambio de transición democrática no solo en Latinoamérica, sino también a México. Hasta ahora, la falla del tan llamado Estado Neoliberal y de la clase tecnócrata en México ha contribuido para debilitar más a un país que ya era débil. Desde otra perspectiva económica y usando el modelo de Bienestar del Estado para solucionar los problemas actuales donde la situación actual es muy similar a como era durante la depresión en EUA, en la cual, obviamente el gobierno tuvo que invertir para generar riqueza. La urgencia de cambios en la formulación e instrumentación de políticas económicas y sociales está presionando el proceso de transición y llevándolo a la confusión y conflicto entre los diferentes actores y los intereses involucrados, y por lo tanto, creando dilemas de transición.

Hoy es la era de una nueva cultura urgente y necesaria para el desarrollo, dice Saénz (1997), como dice la síntesis del mercado y estática para tomar ventaja de todas las fuerzas de actores oficiales y particulares en el combate en contra del estancamiento estructural. Este nuevo alcance a un modelo económico es "neoschupeterian", porque los mercados necesitan de mecanismos complementarios para adecuar su funcionamiento en países subdesarrollados como es el caso de México, donde los mercados operan relativamente bien, a pesar de que no están autoregulados y no han logrado que los recursos que han volado automáticamente para llenar el hueco del desarrollo en áreas donde era muy necesario. El desarrollo "neoschumpeterian", agrega Saénz (1997) puede constituir el instrumento más efectivo para dar oportunidad de progreso a los más pobres, pero solo si el Estado compensa la tendencia a concentrar el poder en el mercado libre.

De este modo, una conclusión es que la transición en el esquema de relaciones económico, político y social de los principales actores envueltos. Sin embargo, la transición debe ser dirigida y controlada por el Estado, el cual tiene aún un papel importante en el liderazgo para conducirnos al cambio, creando las instituciones económicas, sociales y políticas necesarias, formulando e implementando políticas públicas y estrategias para alcanzar el desarrollo y cerrar el espacio entre la eficiencia y la igualdad, los derechos humanos y la justicia social. En este sentido, la transición puede trazar las características de un nuevo modelo del Estado señalado por Nicos Poluntzas (1968): como el factor cohesivo de las clases sociales divergentes, regulador del equilibrio entre los factores productivos y como el centro de condensación entre los recursos sociales y económicos del sistema y el incremento de demandas de empleo, utilidades y bienestar social.

El Estado mexicano ha sido diseñado en diferentes periodos de tiempo y en diferentes circunstancias bajo dos modelos diferentes, el tan nombrado Estado de Bienestar y el Estado Neoliberal. Las políticas económicas surgen de la implementación de estos dos diseños estructurares del Estado Mexicano, lo que ha mostrado disfuncionalidades. Ambos modelos han generado desigualdad social y económica, además de que el último implementado, el Neoliberal ha profundizado las diferencias y su fracaso es inherente a su propia naturaleza. De acuerdo con Meyer (1996) debe reconocerse que la principal limitación de la política social actual no reside en cubrir la eficiencia de los programas o en la magnitud de los gastos; su fracaso fundamental está asociado con dejar que la economía genere desigualdades hasta cristalizarse y volverse difíciles de remover.

Una transición factible hacia un nuevo paso de desarrollo y crecimiento implica no solo una reforma económica, sino también se necesita una reforma política eficiente dirigida hacia la construcción de nuevos patrones de comportamiento público para sostener un combate de frente en contra de las características tradicionales de nuestro sistema: corrupción, arrogancia presidencial (presidencialismo), herencia autoritaria, centralización del proceso de toma de decisiones, falta de participación social en decisiones públicas y políticas, intolerancia, viejos esquemas de relaciones sociales, políticas y económicas basados en el corporativismo, patronaje, jefes políticos (caciques y caudillos), etc.

Por lo tanto, cualquier intento de acuerdo en la transición económica y política tiene sus propios riesgos. Mientras que la transición económica necesita un largo proceso de reestructuración económica, la transición política es requerida urgentemente. Parece que la transición actual del Estado mexicano persiste solo en un acuerdo de transición, como sostiene López (1996), "entre las fuerzas tradicionales anti-Estado que no solo buscan la sobrevivencia de régimen político actual, pero también, su reconstrucción, esto es, una transición sin ruptura institucional la cual garantice la herencia de autoridad". En este sentido, la ideología neoliberal, anti-Estado es el mejor instrumento del dominio de los intereses económicos internacionales.

La más relevante de las reformas debe ser dirigida a un nivel muy profundo para cambiar nuestros valores y actitudes morales, sociales políticas y económicas, de tal modo que cada ciudadano pueda ser una agente dinámico y creativo en función de un nuevo esquema de relaciones sociales, políticas y económicas, capaz de hacer decisiones y tomar responsabilidades y acumular sus propias decisiones, dentro del contexto en el cual opera y se desarrolla. Solo cuando el Estado está diseñado bajo esta teoría de gobierno puro e impuro y la importancia de la felicidad humana, la transición será más legítima, como destacó Aristóteles: "El Estado más perfecto es evidentemente aquel en donde cada ciudadano, quienquiera que sea, pueda hacer la ley par practicar lo mejor posible las virtudes y asegure su felicidad". Esto es la piedra angular para una transición política y económica que vaya hacia el desarrollo y democratización de las organizaciones sociales, con criterios y desempeño independientes del aparato ideológico y administrativo del Estado mexicano.

Es muy discutible para el desarrollo de un país como México, lo que ha dicho el pragmático Easton (1965) observando desde el punto en que la modernización del Estado recae sobre el ejercicio cibernético de la relación demanda – respuesta, además un acercamiento más sistemático del Estado parece que puede funcionar mejor. Al final, una transición hacia un modelo más factible del Estado mexicano debe establecer el punto de unión de su acción reguladora y la eficiencia para la formulación e implementación de políticas que respondan a los retos de la dinámica del mercado, la participación social y la estabilidad política. Esto es, el papel de un nuevo surgimiento del Estado mexicano debe ser un papel que balancee las disfuncionalidades del mercado con la implementación de políticas sociales a través de su función social. El Estado mexicano debe dar prioridad a la formulación e implementación de una política social para atender sus demandas sociales si quiere recuperar la legitimidad democrática.

De hecho, desarrollos recientes han considerado la relevancia de la política social para el Estado. Rodrik (1997) por ejemplo, discute que ningún Estado que tiene avances sustanciales en la liberación de mercados externos, tal es el caso de México, tienen más posibilidades de inestabilidad debido a diferentes factores. Rodrik, está alternando los obstáculos principales que cualquier Estado tiene y tendrá en el futuro, para lograr una socialización propia de riesgos y costos, de tal manera que los grupos menos privilegiados tengan que confrontarse con la nueva integración del ambiente económico.

La crisis económica, política y social del Estado mexicano solo tiene una manera de terminar y superarse, y esa forma es solo la legitimación democrática de sus políticas públicas alcanzadas por la participación social en sus instituciones de gobierno y administración pública. Esta suposición coincide con lo que Mangabeira y otros presagiaron como una "economía de mercado democratizado". De este modo, la nueva re-dimensión del Estado mexicano debe tomarse en consideración para responder a las demandas de una sociedad que ha Estado bajo rápidas transformaciones, cambio de valores e identidades a adaptar en el reciente desarrollo de las tendencias de la globalización económica. Las estrategias para la re-dimensión del Estado mexicano deben ser dirigidas hacia la optimización del impacto del desarrollo económico y el fortalecimiento del carácter social, de tal forma que el reto esta también a favor de la preservación de los personajes históricos y los valores.

Mientras tanto, en este punto, el Estado debe ejercitar capacidades mucho más eficientes para llevar a cabo políticas económicas con amplias facultades de regulación escoltadas por políticas sociales dirigidas a reducir el vacío de las desigualdades y costos de la imparcialidad del desarrollo. Un desarrollo sustentable y equitativo son dos retos importantes para el Estado mexicano.

Los retos aún permanecen, de otra forma cualquier reforma que evite estos factores estará condenada a ser frustrada.

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