Cinta de Moebio: Revista de Epistemología de Ciencias Sociales Mallorquín, C. 2000. La imaginación de una utopía realista. Cinta moebio 7: 6-17 La imaginación de una utopía realista The imagination of a realistic utopia Carlos Mallorquín. Doctor en Estudios Latinoamericanos. UNAM. Master en Sociolog&iacte;a. Universidad de Londres. Profesor del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma de Puebla. México
En este ensayo inicio con un breve esbozo del pluralismo político inglés de comienzos de siglo, subrayo algunas de sus vetas inexploradas como posible sustento y ejercicio para reflexionar sobre las reformas sociales que tanto requieren los países latinoamericanos. Subsecuentemente, en la segunda parte, presento una de las propuestas políticas pluralistas actuales más elaboradas y cuyo sustrato teórico está, sin duda alguna, en deuda con los teóricos del pluralismo discutidos inicialmente. A comienzos de siglo surgió una concepción sobre el Estado y la sociedad que si bien fue derrotada políticamente por la aparición del Estado de masas y el "Welfare State", teóricamente contiene muchos méritos que hoy pueden sernos útiles para proponer reformas a nuestras sociedades y Estados, que después del apogeo del neoliberalismo, han quedado huérfanas de ideas políticas claras para incorporar la diversidad política e intercultural de los agentes que buscan su reconocimiento (2). Hablo del pluralismo político elaborado por G. D. H. Cole, J. N. Figgis y H. J. Laski (3), entre otros, que surge en el contexto económico y social europeo donde el Estado nacional logró afianzarse ampliando su participación en diversos ámbitos tanto administrativos como políticos. Amplios espacios de la salud y de administración locales, y cuyas tareas en ocasiones se realizaban a través, y con el apoyo de entidades sociales de carácter voluntario o caritativas, estaban en franco retroceso, y cedían ante los avances de una administración central. El pluralismo político (el inglés en particular), puede explicarse como una reacción a la incómoda expansión de los tentáculos administrativos de la organización del Estado y su visión universal del orden social y del "bienestar", tanto en términos social-políticos como en materia de salubridad nacional. Si bien comparte con el liberalismo decimonónico su profunda sospecha del Estado omnipotente, adquiere su reputación como una vital Utopía libertaria para nuestros días debido a su ideario político específico que como veremos va más allá del "individualismo" ahistórico del liberalismo. El pluralismo en cuestión, poco tiene que ver con el "pluralismo" norteamericano (R. Dahl y otros) y que solo lo mencionaremos de paso más adelante. Reniega sistemáticamente del "individualismo" en sus versiones liberales, y por tanto, de gran parte del corpus conceptual de la teoría política clásica desde T. Hobbes en adelante. De hecho, construye su noción de lo político y de lo social a partir de una ontología sociológica relativamente pragmática, aparentemente ateórica, pero cuyos principios se nutren de una devastadora crítica al pensamiento político contractualista o iusnaturalista, o sea, nada menos que a la base de los principios del pensamiento occidental que otorgan, desafortunadamente, vida a nuestras nociones sobre la "soberanía", "ciudadanos", "derechos", "orden", "constitución", etcétera. Estudiosos por cuenta propia de la historia y de sus ideas, Figgs, Cole, y Laski (4), no dejan de invocar, o mencionar la monumental obra del alemán Otto von Gierke (5), el historiador de la ideas jurídicas y políticas de occidente. Gierke demuestra a su manera la inoperancia y contradictoria postulación de la "sociedad" como producto de un contrato o arreglo entre individuos "asociales" en la "naturaleza", o sin lazos sociales previos. Por ejemplo, desde la idea misma que podían reunirse para discutir y tomar una decisión para constituir una sociedad política (T. Hobbes (6), J. Locke (7), J. J. Rousseau (8)), se estaba confesando de que los agentes en cuestión por lo menos compartían un lenguaje y/o reglas para llevar a cabo semejante "reunión". Cabe mencionar de paso que cada uno de los teóricos antes mencionados presuponía distintas razones por las cuales era mucho más fructífero para los agentes (9) en cuestión tomar la decisión de sacrificar sus "derechos" -y por tanto abandonar la "naturaleza"-, para conformar una sociedad política con reglas y obligaciones universales. El pluralismo inglés, inculpa al individualismo liberal de una noción de libertad imposible de resolver dentro de sus propios términos debido a que el individuo siempre se organiza para sus distintos fines u objetivos en grupos sociales: familia, sindicatos, clubes, partidos de toda índole y empresas. Están entonces mucho más cercanos al anarquismo por su noción libertaria de que cada individuo se debería organizar y luchar por alcanzar sus fines como mejor lo considere. Según el pluralismo inglés, si los liberales y anarquistas valoran realmente al ser humano, tendrían que insistir sobre la ampliación ininterrumpida de la libertad. La sociedad por lo tanto debería pensarse como una articulación, siempre contingente, entre diversas organizaciones o agrupaciones sociales. Los conservadores, tanto en el pasado como los del presente, sostendrán que ello conllevaría al desorden y al anarquismo. De hecho, el tipo de orden social y gubernamental que esta perspectiva contiene bien podría denominarse como un "anarquismo contingente" (10). En contraposición al anarchismo, exigían la presencia de una maquinaria estatal que estableciera las reglas y fronteras de la justicia respetando la conformación de diversos grupos sociales, inclusive fomentando la constitución de los mismos, pero custodiando que algunos no perjudiquen o limiten a otros la consecución de sus fines específicos. Los grupos sociales existían por derecho y lucha propia e inclusive, a pesar del Estado, y no debido a su reconocimiento. Al rechazar la noción clásica de soberanía, y por tanto la necesaria obediencia al Estado, esta problemática pasa a ocupar un lugar primordial en el discurso de los pluralistas que se resuelve argumentando que el individuo debe su lealtad y obediencia a los grupos u organizaciones a los que se incorpora por elección propia. La personalidad del individuo, así como la ampliación de sus libertades, se forma y se transforma en las agrupaciones u organizaciones sociales a las que pertenece. Así como los grupos sociales no son entidades estáticas y sin historia, y pueden incluso cambiar objetivos y funciones a los que se dedicaban, el individuo debe tener la posibilidad de votar con los pies cuando ya no concuerde con ellos. En este sentido el "individualismo" del pluralismo inglés es mucho más radical que el del "liberalismo" porque sus lealtades y obligaciones se plantean como un producto de su "consciencia" lo cual implica que ninguna jurisprudencia es digna del nombre si no toma en cuenta este principio (11) y menos aún puede decirse de estar haciendo "justicia", en otras palabras, los pluralistas ingleses se tomaron el trabajo demostrar que el pensamiento político clásico confundía la unidad jurídica de facto de los Estados con la unidad "moral" de su poblaciones, que como sabemos a partir de las diversas luchas (pasadas y presentes) por ciertas "autonomías", ya sean de índole, cultural, política, y/o de género, siempre se encuentra en proceso de reconstitución. Si el mencionado orden político, como un fenómeno nunca plenamente realizado o "suturado" es un hecho que puede ser deducido del estudio histórico, los pluralistas ingleses, observaron otros problemas y peligros para la Libertad en el estado liberal de su época. Desde otro ángulo, estaban diciendo los mismo cuando criticaban la concepción de soberanía Estatal invocada por el parlamentarismo liberal a través de la "representación" de sus "ciudadanos"; estuvieron entre los primeros en señalar que un parlamento puede convertirse en un régimen "electivo despótico", creando leyes donde un puñado de diputados hacían y deshacían una "minoría" en una "mayoría" ("the tail wags the dog", donde la "cola mueve al perro") (12). Los pluralistas, en contraposición al pensamiento constitucionalista (13) occidental, planteaban que la supuesta unidad o vigencia de un Estado per se, así como su "legitimidad", solo puede deducirse de la existencia de un "gobierno", de otra forma es solo una entidad abstracta, irrelevante para comprender las necesidades y los quehaceres cotidianos de una sociedad o como "representante" de sus "ciudadanos". Es solo a través de las instituciones del gobierno y de sus actos que puede hablarse de una entidad estatal y de su supuesta unidad, pero que en los hechos se evapora al analizar la consecución de los actos en cuestión. La materialización de los mismos requiere de una serie de instituciones que muy bien pueden obstaculizarlos ya sea por negligencia o por las resistencias locales que pudieran encontrarse a sus contenidos u objetivos. Inevitablemente se aterriza una vez más en el tema de las libertades individuales. El individuo puede y debe oponerse a los actos que lo perjudican. Para resolver el problema de la "representación" de sus "intereses" -término que no cabe en el vocabulario pluralista-, proponen la creación de otras entidades suplementarias, como sería el caso de las organizaciones por función, o por corporaciones, y una corte suprema plural de conflictos (Cole lo plantea desde el cooperativismo guildista) que dirime los eventuales conflictos entre diversas organizaciones (14). También sostenía que el voto debía definirse por áreas geográficas y que el parlamento debía tener presente dicha estructura. Tanto Laski y Cole, temían la posible opresión del individuo incorporado en las grandes organizaciones, sindicatos o empresas, pero en lo general los pluralistas no percibieron sus verdaderos peligros respecto otro tipo de agrupaciones. De antemano cabe objetar la tentación de endilgar a este "corporativismo" algunas nociones del facismo del "Duche", porque su estrategia corporatista presupuso una estructura centralista de las organizaciones en torno a un Estado "unitario"y por lo tanto, muy lejos del pluralismo libertario. Ante la imposibilidad de alcanzar una democracia directa y "participativa" ("mandando obedeciendo") dadas las complejidades del Estado Moderno, una verdadera descentralización por funciones podría mejorar la participación ciudadana en la organización y desarrollo de sus comunidades en todos sus ámbitos, como hemos dicho, tanto a nivel social y político, como en el de la salubridad. De hecho surge del principio pluralista de que la única forma de pensar un estado nación o sociedad es como una confederación entre diversas organizaciones y/o "sociedades". A diferencia de Hobbes, Locke y Rousseau, tanto los pluralistas ingleses así como Gierke, tenían claro que la idea de un "soberanía" en general era un contrasentido. Las naciones y su nacionalismo moderno fueron consecuencia de un movimiento unitario, que priorizó el establecimiento de constituciones cuyas estructuras y preceptos conceptuales no daban espacio a las diferencias culturales y locales de aquellas "sociedades" que fueron subsumidas en una entidad mayor (15). Los pluralistas rescatan la idea de que el poder debe diversificarse y desconcentrarse, y en los hechos demostraban el fenómeno de la dispersión del poder indicando la variedad de obstáculos al "centro" por parte de las entidades locales. El poder, a pesar de nuestras figuras constitucionales, decían, está disperso, y las libertades individuales se ampliaban cuando se impulsan la proliferación de nuevas organizaciones sociales y núcleos de poder. De hecho las sociedades medievales eran una serie de jerarquías y paralelos de poder que cambiaban constantemente con los acuerdos-matrimonios entre familias monárquicas y entre "sus" poblaciones. La "soberanía", y por tanto la idea de la ciudadanía, era algo muy moderno y hasta peligrosa: admiraban como una virtud el "desorden" y la "confusión" que puede leerse de la famosa descripción medieval que F. Engels extraía de la organización estatal Medieval: Carlos el Calvo, por ejemplo, era súbdito feudal del emperador por una parte de sus tierras, y del rey de Francia por otra; pero, por otra parte, el rey de Francia, su señor feudal, era al mismo tiempo súbdito de Carlos el Calvo, su propio vasallo, en algunas regiones (16). La descentralización de las actividades administrativas y por función eran una prioridad para lograr concretar los pactos sociales que implicaban un estado pluralista. La concepción moderna de "subsidiaridad", o de la "función subsidiaria" que gobierna a la Unión Económica Europea, es muy similar a sus ideas, y de hecho se habían discutido en el siglo XIX (17) y después por el Papa Pio XI en su encíclica de 1931(Quadragesimo Anno) donde la noción de subsidiaridad implicaba la "devolución de la toma de decisiones y de la administración a la unidad mas pequeña que pudiera realizar la tarea de manera competente" (18). En México, Manuel Gómez Morín, fundador del Partido Acción Nacional, sintetizaba maravillosamente la idea: Lo que la familia pueda hacer por sí sola, no lo tiene que hacer el municipio, la ciudad; el municipio debe respetar esa zona peculiar de acción de la familia, ayudarla a que la cumpla. Lo que el municipio puede hacer, no lo tiene que hacer el Estado; lo que el Estado puede hacer, no lo tiene que hacer la Federación. Por eso somos anticentralistas [...] Creemos en la subsidiaridad y en la descentralización [...] Hay una multitud de agrupaciones y de sociedades entre el Estado y la persona. Aun en la mera estructura política hay el municipio (sic), y el Estado y la persona. Nosotros creemos en esa necesaria conservación de un federalismo natural de la sociedad. En cambio, estamos en contra de dejar al individuo suelto, disperso, aislado frente al Estado omnipotente. Creemos que los mejores límites del Estado son los límites que le impone el reconocimiento de todas las instituciones intermediarias: familia, municipio, ciudad, escuela, universidad, sindicato, ejido, agrupación económica, agrupación profesional: barra de abogados, colegio de ingenieros, partidos políticos. Todas esas son agrupaciones que deben tomar cada vez mayor ímpetu para colaborar a dar un pluralismo organizado de la vida nacional (19). Los pluralistas ingleses que presentamos no fueron abogados, pero a comienzos de siglo se enfrascaron en grandes debates sociales y jurídicos para promover el reconocimiento de varios grupos sociales (iglesia, sindicatos) por parte del estado, que sostenían deben considerarse como entidades con vida propia, que al igual que el individuo, tenían una "personalidad" y podían transformar sus objetivos y principios organizativos a través de la discusión y consentimiento de sus miembros. En ocasiones la Cámara de diputados y de los Lores, en varios edictos y discusiones desconoció la existencia corporativa de algunas agrupaciones sociales, en otras, les impuso esa "cualidad" para poder castigarlos y confiscar sus bienes, como fue el caso con el sindicato por haber actuado como "grupo". Pero de hecho, si hemos de seguir a James Tully (20), nuestros discursos constitucionales, y prácticas jurídicas, si han de mantener cierta consistencia, deben desconocer sistemáticamente diferencias organizativas, culturales y de genero. El discurso sobre las constituciones lleva implícitamente aporías que no quieren ser reconocidas: por un lado, se presupone que el texto constitucional es un acto único, un origen sin manchas o antecedentes previos, y por el otro, que debe incluir las reglas y prácticas de las comunidades, o sea la jurisprudencia tradicional de estas, pero que al ser subsumidas en categorías generales del pensamiento político occidental se diluyen sus tradiciones específicas. La propuesta de Tully es que debemos aceptar que siempre estamos en proceso de reconstituir nuevas constituciones, incorporando aspectos del pasado así como los nuevos fenómenos sociales. No existe un punto terminal, ni un origen único. Menos aun existe una especie de "Esperanto" constitucional a partir de la cual podemos medir y evaluar cada uno de los textos constitucionales. Solo así podremos iniciar un proceso de reconocimiento de lo diverso y sus respectivos vocabularios, que a su vez implica asumir plenamente lo que significa el concepto de "diálogo: un reconocimiento mutuo, una reciprocidad de un ir y venir de sonidos alternativos, por medio de los cuales se negocia un lenguaje acordado, que tal vez logra cierta estabilidad, siempre contingente. Debemos entonces asumir que siempre estamos en camino a nuevo acuerdo donde podremos reconocer diferencias y la multiplicidad social. Paradójicamente en el libro de Tully se logran conclusiones teórico-políticas similares a los del pluralismo inglés del pasado y a sus acepciones modernas, pero a partir de una estrategia discursiva y antecedentes teóricos muy dispares. Al igual que Gierke, examina toda nuestra tradición en materia de teoría política clásica sin mencionarlo, o a otros teóricos, y que fueron el sustrato conceptual del pluralismo inglés que hemos visto. La explicación de la similitud de sus conclusiones respecto las del pluralismo inglés, no debe aparecer como paradójica, porque como el propio Tully dice, remitiéndonos a la metáfora de Wittgenstein del lenguaje como una antigua ciudad, se puede atravesar por ella desde distintos puntos, muchos de los cuales están en construcción y algunos ya muy viejos, sin lógica alguna respecto sus más contiguos vecinos. Como consecuencia, no existe una meta-cartografía que nos indica la "única" y mejor forma para explicar la formación de la ciudad o pasearse por ella, y tampoco para comprenderla: son sencillamente formas de vidas (lenguajes) posibles entre otras. Si desde el punto de vista de los pluralistas ingleses el Estado y el gobierno solo debe proveer una serie de procedimientos e instituciones -una constitución- (21) que permita las libertades de organización y resolución de conflictos entre las agrupaciones, en el pluralismo norteamericano (R. Dahl), se supone que el gobierno impulse bienes y objetivos específicos a través de un pluralismo político en el sentido de que los grupos sociales organizados compiten entre sí para influenciar a gobiernos y a sus políticas. No ha pasado inadvertido el hecho de que los objetivos o bienes ofrecidos, en otros términos, la agenda del mercadeo político (entre élites), siempre están determinados por las agrupaciones políticas mas grandes y mejor organizadas dentro de las reglas del juego "democrático" (22). Existen entonces claras diferencias en cuanto que el pluralismo norteamericano visualiza las coyunturas del proceso democrático, si bien ha intentado incorporar una propuesta sobre la "democracia" en la reproducción y conducción de las empresas. Por otro lado, tiene una concepción similar al de los pluralistas ingleses de que el poder debe analizarse como una entidad diferenciada y dispersa en sociedad política. Finalmente, si bien las connotaciones del término "pluralismo" pudieron haber llevado a confundir distintos conceptos, la reciente propuesta renovada del pluralismo inglés, que discutiremos más adelante, y cuya propuesta se denomina la "democracia asociacionista", incorpora aspectos de coparticipación en la organización de la producción (capital, trabajadores y ciudadanos de la localidad), haciendo hincapié en el hecho de que las nuevas condiciones de producción ya no requiere necesariamente grandes empresas, dando la posibilidad de que las pequeñas empresas y cooperativas logren articular una serie de cadenas productivas. El "just in time" o "out sourcing", impuesto por las grandes multinacionales a las pequeñas y medianas empresas ofrece mayor espacio y libertad para estas. La lógica de una producción de bienes posfordista, muy especializada y adaptable a cambiantes condiciones puede ser un campo propicio para que los pequeños productores ganen espacios en los circuitos mercantiles y además una manera de cerrar la brecha de las desigualdades sociales, ante el gigantismo y despilfarro de las grandes empresas multinacionales con pies de barro muy pesados. Todo esto supone una política económica selectiva y de apoyo a los márgenes y regiones, correlativamente al proceso de descentralización de actividades y devolución de poderes a los municipios; solo esto inducirá la inversión local por parte del ahorro de las comunidades en cuestión. Si el retorno a una política keynesiana de inversión estatal ya no es un bien político valioso, sí lo es la idea de apoyar a agrupaciones y organizaciones sin fines de lucro tanto en el sector de salud así como en el de la producción para recuperar espacios ocupados por la presencia privada y mercantil después del descalabro del Estado de bienestar. Tanto para la rendición de cuentas, como para proveer de servicios de salud y otros de manera individualizada, un sistema local y cooperativista tiene grandes ventajas ante un Estado-gobierno que se pierde en políticas generales de salud despersonalizadas y que nadie está dispuesto a soportar. Un sistema financiado en parte por las contribuciones de los ciudadanos (cooperativista), sin fines de lucro podrá atraer una mayor cantidad de socios-consumidores, siempre y cuando los ciudadanos puedan tener opciones diversas y competitivas entre sí y por lo tanto con la posibilidad de votar con los pies si el servicio recibido no es adecuado. P. Hirst (23) y P. Schmitter (24) han sostenido que hoy día es posible una reforma política y fiscal en la cual cierta proporción de nuestros impuestos, puedan entregarse a entidades sin fines de lucro de nuestra elección y cuyos montos pueden ser el sustento y apoyo para ampliar la producción y /o los servicios de varios tipos. Esto puede plantearse incluso sin menos cabo de aquellos apoyos "federales" y del "centro", a los municipios que caben en el ramo número 33 del presupuesto, como es el caso de México. La existencia de regímenes autoritarios y sus mecanismos de gobernalidad con ideologías de todo sabor, nunca han erradicado, en el pasado o en el presente, las organizaciones y formas sociales de autogestión o voluntarias. Menos aun han logrado que ciertas comunidades con tradiciones culturales dispares entre sí olviden su pasado y sus idiomas. El "Federalismo" y la forma en que se instrumento por parte de los gobiernos en América Latina parece mas bien una estrategia malograda, diseñada para desencantarnos de sus virtudes y sus grandes potencialidades como mecanismo de gobierno especialmente para reconocer entidades múltiples: al "Otro" como copartícipes de nuestra convivencia intercultural tanto social como política En el sur del país, el gobierno mexicano ha enviado más de sesenta mil soldados para acorralar y "hambrear" a aquellos municipios (según el gobierno un "problema" localizado en "once" de ellos) que quieren una autonomía para autogobernarse, con la excusa que quieren constituirse en una sociedad aparte, nada más falso e inútil. Las organizaciones y comunidades sociales, decían los pluralistas ingleses, existen, y por lo tanto son reconocidas por el Estado, y no porque las reconozca el Estado existen. La propuesta más actualizada del pluralismo político descrito anteriormente parte de la pluma de P. Hirst (25). Propone la construcción de una "democracia asociada", cabe decir que a pesar de sus referencias al contexto sociopolítico y económico anglosajón en general, es de gran utilidad teórico-práctica, y tal vez "supera" (en el sentido hegeliano: incorporar-trascender) en términos prácticos las posiciones de los "pluralistas" de comienzos de siglo. Como toda oferta de teoría política, que presupone guiar nuestras acciones, presupone ciertos elementos normativos. Supone por lo tanto una reorganización social y política del Estado "posliberal", léase una nueva gobernabilidad fundada en reglas democráticas y autogestionarias, se trata de la propuesta de un nuevo socialismo, al que denomina "asociacionismo" o "democracia asociada". El parentesco teórico de sus concepciones nos remiten a ciertos nombres (P. J. Proudhon, R. Owen, W. Morris, O. v. Gierke, G. J. Holyoake, G. D. H. Cole; H. J. Laski) cuya tradición autogestionaria fue, desafortunadamente, hábilmente borrada de nuestras meditaciones por el denominado "socialismo científico". La tesis principal sugiere que una sociedad gobernada de "abajo hacia arriba", por medio de organizaciones voluntarias de autogestión, sin fines de lucro, por vía de una confederación de las mismas, puede producir una gobernabilidad más eficiente y menos costosa (menos Estado omnipotente, con sus innumerables e imcomprensibles "leyes" para el ciudadano común) y una mayor democratización y contabilidad de la gestión de las organizaciones e instituciones. A pesar de lo anterior, Paul Hirst señala explícitamente que el "asociacionismo" no garantiza que se logre la "igualdad" buscada pero sí los "medios" para ir alcanzando una mayor Justicia Social. La "democracia asociada" no supone la aplicación, ya sea de una "planeación económica" en general, o de la vigencia de las "leyes del mercado", como aparece en la concepción neoclásica. Lo primero, según Hirst, produjo mayores problemas de los que resolvió económicamente hablando por medio de una mancha burocrática que se extendió por doquier y cuyo reciente pasado (en la antigua U.S.S.R.) representa, desafortunadamente, uno de los mecanismos de opresión y de autoritarismo más exitosos y experimentados que conozcamos en la historia; lo segundo, es una utopía cuyas "leyes" procrean sistemáticamente una desigualdad e injusticia social a la N potencia. Tanto Hirst, así como los "institucionalistas norteamericanos" (también de comienzos de siglo) (26), sostienen que no existen las "leyes del mercado" sino instituciones sociales de diversa índole y con variadas condiciones de existencia: de redistribución del ingreso, tasas impositivas, salarios mínimos, disposiciones y contrapesos jurídicos; obviamente producto de una serie de luchas sociales, victorias y derrotas, de los productores. La economía sería un "proceso institucionalizado", una serie de instituciones "empotradas" ("embedded") entre sí. Dado que Hirst detesta discutir "utopías" teórico-políticas que surgen en un vacío sociopolítico y/o económico, su libro From Statism... inicia aclarándo que su concepción de teoría política y sus respectivas propuestas, suponen un cálculo y diagnóstico de las condiciones sociopolíticas de sus días. Sus propuestas e ideas sobre los estados modernos suponen una serie de reformas mínimas a partir de lo que aun queda del Estado de Bienestar, y transformarlo radicalmente en un verdadero sistema universal para la salud y de bienestar social. Aquí serían las propias organizaciones voluntarias autogestionarias, de individuos u otras organizaciones entre sí, las que proveen los servicios de salud o de bienestar que demandan sus asociados o sus constituyentes regionales. Esto pondría fin a las burocracias omnipotentes que no rinden cuenta a nadie. Si Hirst ya no cree en las bondades de la planificación en general, tampoco duda en negarle validez a aquellos discursos provenientes de la derecha o del neoliberalismo que presuponen que los servicios sociales pueden otorgarse eficientemente por unidades económicas particulares (privadas), y a menos costo, léase los grandes conglomerados económicos para la salud y la jubilación que pululan hoy día. El autor indica que siempre tendrá que haber un financiamiento público por medio de los impuestos pero cuyas particularidades ya no deberían quedar en manos del Estado. El Estado tendrá que proveer un mínimo de apoyo en general, al que cada individuo, dependiendo de sus ingresos y necesidades podrá agregarle algo extra, si así lo considera necesario. A su vez las organizaciones voluntarias que ofrecen los servicios, recibirán un monto correspondiente de financiamiento en acorde al número de socios. Obviamente las organizaciones competirán entre sí, a través de un sistema de elección propia por parte del ciudadano, y cuya sola la obligación sería la de pertencer a alguna de las organizaciones de salud y/o de educación en cuestión para garantizar la salud y bienestar de su familia, pero con la posibilidad de poder cambiarse de organización y/o asociación si así lo deseara. Lo anterior liberaría al Estado de la contradictoria tarea de proveer un servicio y ser el agente que lleve a cabo la evaluación de su capacidad de gestión. De esta manera se supone que la administración pública no se reduciría, pero sí implica su reorganización y devolución organizativa y democratización a aquéllos cuyos intereses supuestamente sirve. Niega y considera fuera de la discusión política un retorno al Estado del Bienestar de la posguerra y a las políticas keynesianas de ampliación del gasto de antaño, no sólo porque ello implicaría una mayor recaudación de impuestos, lo cual ninguna fuerza política está dispuesta a promover dadas las ínfimas tasas de crecimiento de las últimas décadas, sino porque el Estado-Nación en las economías industriales ya no tienen las mismas facultades y capacidades del periodo 1945-70; la tan mencionanda "globalización" económica implica que muchas funciones económicas poseen condiciones de existencia cuya lógica subvierte las fronteras tradicionales (27), lo cual no significa que el Estado desaparecerá o no es necesario, sino que ahora tiene tareas más específicas y más complicadas para promover y apoyar el crecimiento de las naciones en cuestión, vgr: las condiciones económicas e institucionales más adecuadas para poder competir internacionalmente e incorporar a las idiosincracias nacionales específicas nuevas tecnologías y patrones de producción. Las economías ya no sólo no poseen una estructura industrial homogénea, sino que deben estar atentas a nuevas demandas de bienes diversificados, cuya producción puso fin a la elaboración de bienes en serie y al estilo "fordista". Lo anterior significa que se requiere una mano de obra más especializada, polivalente y con una mayor capacidad para cambiarse de tareas; esta propia diversidad obrera sería la que dificultaría ser "representada" por las grandes centrales obreras. El Estado del Bienestar pierde entonces uno de sus pilares homogéneos con el cual negociaba acuerdos cupulares económicos de diversa índole vis a vis el capital: la negociación tripartita la cual, dice Hirst, hoy día es insostenible. Esto no impide que Hirst mencione, hasta con cierta nostalgia, la importancia de los sistemas de negociación neocorporativistas, sobre todo por sus admirables logros en términos de crecimiento y bienestar en los grandes centros industriales hasta los años setenta, o para tal efecto en el propio México posrevolucionario. Dadas las nuevas condiciones de producción internacionales de producción, Hirst supone que las grandes corporaciones -que de hecho no obedecen a una sola lógica económica, ya sea financiera y/o fiscal- cada vez más están siendo rebasadas por pequeñas y medianas empresas que crean sus nichos productivos, generando así nuevos productos para una demanda diversificada. Parecería que fue el propio Estado del Bienestar que creó las bases para su propia destrucción produciendo una especie de clase media consumidora la cual ahora pasa a exigir una reducción en los gastos estatales con los cuales se crearon los sistemas de protección que hizo posible su nacimiento. Es por ello que Hirst señala que las ideas útópicas de Owen o Fourier sobre la autogestión productiva de las cooperativas y de las pequeñas empresas vuelven a tener relevancia; serán estas empresas las que podrían tener una mayor capacidad de adaptación a un mundo económico cambiante. Y si se hiciera necesaria la conformación de grandes empresas, éstas podrían ser conscuencia de una federación entre las pequeñas y medianas unidades productivas. Es obvio, por lo que he subrayado de la tesis de Hirst, que el "mercado" no desaparecerá y los intercambios mercantiles existiran en la medida en que las unidades productivas se reconozcan o no como un sola. Lo importante del modelo autogestionario es que la competencia, así como la colaboración, sería importante para diversos sectores productivos porque reducirían los riesgos de producción cuando se realizan grandes inversiones; tal vez el reciente crecimiento económico en algunas zonas de Italia con sus "distritos industriales" (28) sean otra experiencia de donde rescatar los mecanismos de colaboración, a su vez la propia Alemania y Japón de posguerra lograron impulsar y sostener, vía la negociación y colaboración industrial, una tasa de crecimiento envidiable, pero sin los frutos de la democracia o participación obrera. Por un lado, Hirst cree que las reformas necesarias para crear una "democracia asociativa" implica reorganizar aquéllas corporaciones cuyas estructuras no obedecieran a lógica productiva alguna, las cuales podrían "desarmarse" en varias unidades de acuerdo a sus partes constitutivas; por otro, no cree en el "cooperativismo" per se, ya que sus propuestas van en el sentido de que las empresas deben tener representantes tanto del capital, sean de obreros o individuos o empresas, de la comunidad donde están ubicadas las mismas, y sus empleados, ya que de otra forma podríamos quedar rehenes de empresas improductivas. Esta participación "tripartita" es la única manera, de que el ciudadano podrá ir recuperando y controlando sus condiciones de trabajo y consumidor y del medio ambiente que habita; en síntesis: una sociedad mucho más democrática la cual ofrece representantes en todos los ámbitos de su organización, con la posibilidad de rendir un informe de cuentas más fidedigno de las gestiones, ya sean de índole gubernametal o de producción. Obviamente se trata entonces de un sistema social que devuelve a sus unidades más elementales las formas de organización y de producción, por lo mismo las regiones empiezan a convertirse en centros de decisión importantes y a las cuales el Estado tendrá que sufragar apoyo para el desarrollo de sus actividades productivas. Una confederación de empresas y centros de financiamiento locales y sus comunidades tendrán interés por atraer capital y refinanciar ciertos proyectos de toda índole: ambiental, económica y de salud, todo lo cual supone un retorno real a los principios del federalismo. El conocimiento local de los participantes es precismante lo que hace factible un círculo virtuoso de acumulación y crecimiento económico adaptado a las condiciones particulares. Todo esto no podría realizarse con un Estado que retraiga sus fronteras económicas y financieras, que es precisamente lo que se promueve con la supuesta devolución al "mercado" de las decisiones productivas lidereadas por el neoliberalismo con sus políticas de "desregulación", pero si como ya se dijo el mercado es producto de una serie de instituciones empotradas, el discurso del "adelgazamiento" del Estado solo promueve la disolución y marginación de aquellos cuyo poder es mínimo en un ámbito como el de las democracias posliberales. Por algo la auto-organización y cooperación entre empresas, especialmente las pequeñas, se hace indispensable. Por lo tanto no es la reducción del Estado lo que propone Hirst, sino la devolución de la gobernabilidad a los ciudadanos, o sea, otro sitio que no puede vislumbrarse con las categorías tradicionales del liberalismo cuya genealogía puede remontarse al siglo XVIII. Pero ese otro "sitio" hay que producirlo; se refiere en síntesis, a la "sociedad civil", con una connotación mucho más radical que la del concepto que tanto se maneja hoy día. La construcción de ese "sitio" requiere que se disuelvan las dicotomías "Estado-Sociedad", Estado-Sociedad Civil; Privado-Público, porque ellas presuponen que la sociedad está integrada por "individuos" cuando en realidad encontramos una diversidad de organizaciones de todo tipo, donde el "individuo" es el que menos peso tiene. La división también hace posible que las empresas y grandes corporaciones no tengan obligación de rendir cuentas a nadie de sus actos ya que son entidades "privadas". Sabemos que el mercado "accionario" (la bolsa de valores) tiene peso, pero sólo reproduce a una élite de gerentes al frente de las empresas, sin ninguna consideración por sus obreros o los intereses que afecta. Los directorios de las empresas son una oligarquía que se recicla constantemente y que ha logrado imponer su modo muy particular de dar cuenta de sus decisiones y de la evaluación de la gestión en gran parte de la administración pública. Por lo tanto Hirst propone que con la construcción de una "constitución social", (reglas para rendir cuentas y su democratización, y que incluiría a todas las organizaciones ahora consideradas como de carácter "civil" y "privadas"), se ampliaría el ámbito de lo político a éstas, donde los intereses de los respresentantes de los diversos ámbitos, ya sea el de la producción o el de la comunidad tengan formas de dialogar dentro de un marco jurídico defendido por el Estado. Nótese que aquí el "Estado" solo aparece como una especie de entidad protectora para que no se subviertan las reglas generales. Esta transformación en lo "público" de lo que antes se consideraba como el del reino de la "privacidad", hace posible que se pueda evaluar y controlar una actividad en términos políticos, destruyendo la versión "técnica" para evaluar los problemas sociales impuesta por los gerentes y las élites administrativas de las corporaciones, tanto en las empresas públicas como en las privadas. A su vez los políticos asumen con beneplácito dicho modelo de evaluación de la gestión por que se ven exonerados de los efectos de las decisiones que toman porque forman parte de ese sistema de gobierno de "arriba hacia abajo". Se trata de destruir los tentáculos del Estado y de los gobiernos sin fundamento en las desiciones de sus ciudadanos, creando un ámbito de mayor legitimidad para el Estado y gobierno cuando las decisiones vienen de "abajo hacia arriba". Por eso, hay que distinguir claramente entre lo "público" y el Estado, cuya maquinaría sólo serviría para resolver conflictos entre diversas organizaciones. La propia descentralización de la maquinaria estatal y devolución de algunas de sus funciones a organizaciones con un carácter voluntario y de autogestión liberarán al Estado de muchos conflictos y tareas que ahora no puede resolver con las disposiciones generales impulsadas desde "arriba". La idea es "horizontalizar", si la metáfora cabe, el poder y la gobernabilidad y convertir a los ciudadanos en los responsables de las actividades en cuestión. A estas alturas debe haber quedado claro que Hirst parte de las concepciones liberales, pero de las cuales está, como muchos otros pensadores (Bobbio, Offe), profundamente desencantado ya que no han contribuido a constituir una mayor justicia social y sólo siembran desempleo y desigualdades económico-sociales descomunales. El sustento teórico del liberalismo que nace en el siglo XVIII, es decir, los derechos privados, división de poderes, libertades constitutivas por dichos procesos y constituciones (Inglaterra es la excepción en este sentido, es el parlamento y la jurisprudencia la que defiende el Estado de Derecho) son inútiles porque están paralizando una nueva concepción de lo político y dificultan la construcción de mayores libertades para el "individuo", lo que sólo se logrará haciendo "publico" lo que hasta recientemente se consideraba como "privado", llevando la democratización y contabilidad de la gestión gubernamental a otros ámbitos organizativos; de lo contrario, las instituciones liberales destruirán sus propios cimientos ante la avalancha de movimientos reivindicando "sus" derechos y "libertades" y creando una crisis de gobernabilidad mayor de la que ya existe con el peligro de pérdidas significativas de nuestras libertades. Los sistemas democráticos se han convertido en un proceso "pleibiscitario" entre la población, en donde sólo decide quien tiene la "mayoría" en el gobierno cuando de hecho los electores no llegan al 50% (29). Las máquinas electorales (los partidos) ya no pueden producir un consenso o pacto lo suficientemente amplio y duradero para producir un "Estado desarrollista" (30), que requiere una participación de un gran número de intereses y organizaciones para lograr un acuerdo cuando el parlamento sólo puede tener la facultad de decidir en términos de un "si" o un "no". Por lo tanto Hirst expone que, en un mundo "posliberal", donde reinan las instituciones liberales, estas son las que deben ser "superadas" en el sentido hegeliano. Un mundo cada vez más diverso, polivalente social o culturalmente, o "polimorfo y perverso" como lo llamaría Freud, solo será gobernable devolviendo a los ciudadanos la organización de su vida local, otorgando al Estado "plural" sólo las facultades de controlar los grandes lineamientos legales y jurídicos. Por consecuencia lo que se requiere es "complementar" al Estado "posliberal" con una serie de instituciones para facilitar una mejor gobernabilidad y una mayor justicia social. Obviamente estas ideas sobre las organizaciones autogestionarias, formaban parte del movimiento socialista a comienzos de siglo veinte en Inglaterra pero perdieron frente a las ideas y los hechos de un colectivismo laborista que requería un Estado fuerte y que centralizaba sus mecanismos de defensa contra posibles agresiones a sus poblaciones; el cual perdió también ante las ideas de universalización de los servicios de salud y bienestar e igualdad para todos, porque las demandas de la población eran menos diversificadas cultural y socialmente. Hoy ese Estado centralizado no tiene sentido, especialmente con el fin, afortunadamente, de la posibilidad de guerras totales. Finalmente sólo cabe mencionar que Hirst subraya que las ideas en torno al "asociacionismo" tienen vigencia porque ofrecen una "tercera vía" ante el laissez faire del liberalismo, así como una, entre otra, versión colectivista de "ampliar" la pertinencia y facultad del Estado. Por otro lado, ofrece un concepto de organización y gobernabilidad a una gran variedad de "intereses", ya sean de "izquierda" o de "derecha", especialmente a los que genuínamente están comprometidos con la libertad y que temen al Estado y no aquellos que utilizaron sus esquemas para desregularizar la economía y apoyar a las grandes trasnacionales. El "asociacionismo" puede ser o no visto como un nuevo modelo socialista, ya que sólo implica una noción normativa sobre como dar cierta dirección a la sociedad; igualmente puede ser útil tanto a los "pobres" como a los "ricos" para organizarse políticamente, ya que, según Hirst, tiene futuro porque a diferencia del socialismo estatal y el liberalismo apologético de las corporaciones, aun no ha sido derrotado y por ello se presenta como la única doctrina que ofrece una verdadera posibilidad de "elección" a los ciudadanos y por lo tanto de construir verdaderas "libertades". Notas
|
Home | Indice | Números Completos | Instrucción para Autores |
Cinta de Moebio Revista de Epistemología de Ciencias Sociales ISSN 0717-554X |